Daniela Álvarez, dirigente estatal del PAN, denunció el hallazgo de otra "Clínica del Bienestar", un espacio que, lejos de estar funcionando como centro de salud, fue utilizado como escaparate propagandístico de la senadora morenista Andrea Chávez. La instalación, recientemente inaugurada, presume ser parte de los esfuerzos federales en materia de salud. Sin embargo, la clínica no solo carece de funcionamiento real, sino que su infraestructura y recursos fueron adornados con imágenes, logotipos y mensajes alusivos a la figura política de Chávez. Más que atender pacientes, la supuesta clínica parece atender intereses personales. Daniela Álvarez no se guardó nada. Señaló que este acto representa una muestra de cómo en Morena ya no existen límites ni respeto siquiera por su propia Presidenta, a la que abiertamente la senadora morenista está desafiando dos semanas después de que le pidió al partido intervenir ante estos actos que evidentemente tienen motivaciones electoreras. Utilizar instalaciones públicas para promover aspiraciones individuales, dijo la lideresa panista, no sólo es corrupción; es un desafío abierto a la autoridad moral que el partido presume desde Palacio Nacional. El mensaje de Álvarez es contundente, en el sentido que desde el PAN, seguirán alzando la voz y exhibiendo estos excesos "hasta donde tope". Mientras tanto, en el oficialismo, la omisión ante casos como este comienza a revelar una fractura interna que ni el discurso de unidad logra ocultar. Por lo pronto, se dice que en el Instituto Estatal Electoral (IEE) la denuncia contra Andrea avanza lento, como sin ganas.

Este martes saldrán mil chispas en el Congreso del Estado de Chihuahua, si los diputados, particularmente los del PAN y sus aliados, se equivocan en la elección de la nueva presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). Existe la advertencia de que podrían estar entregándole esa vital institución al crimen organizado, si finalmente seleccionan a Yuliana Ilem Rodríguez González como la nueva presidenta. Yuliana Ilem es sobrina de la ex procuradora del Estado, Patricia González; fue señalada por su propio tío, hermano de la exprocurdora, como cómplice de un grupo delictivo dentro de Averiguaciones Previas, hoy Fiscalía General del Estado, motivo por el cual salió huyendo de la entidad. Señalan los analistas que durante el sexenio de César Duarte, no se esclarecieron serias denuncias relacionadas con Rodríguez González y que, pese a que en esa época no se investigó a fondo, no debería ser pretexto ahora para mirar hacia otro lado. La falta de escrutinio del pasado no exonera a los diputados actuales de su responsabilidad de garantizar que la CEDH permanezca como un bastión de la defensa de los derechos humanos, y no se convierta en otra pieza más en el tablero del crimen, dicen. También que el peligro de normalizar la captura de instituciones por intereses oscuros es inmenso. Recordemos que muchos de los peores episodios de violencia en Chihuahua fueron posibles gracias a la complicidad, la omisión y la corrupción de funcionarios que debían proteger a la ciudadanía. No se trata de linchar públicamente a nadie, pero sí de exigir a nuestros representantes que sean estrictos, críticos y responsables en una decisión que marcará el rumbo de los derechos humanos en el estado. Hay que mencionar que la terna se completa con Georgina Alejandra Bujanda Ríos y Gildardo Iván Félix Durán. Ahora el Pleno deberá elegir por voto secreto a quien encabezará la CEDH por los próximos cinco años. El proceso, iniciado en noviembre de 2024 y aparentemente diseñado para garantizar transparencia, queda bajo sospecha cuando se considera que, entre los nombres propuestos, se menciona a la sobrina de Patricia, situación que resulta por demás extraña.

A un mes de haber arrancado las campañas para jueces y magistrados, lo que ha quedado claro es que estamos frente a un proceso atípico. Los aspirantes, en su mayoría, no son políticos de carrera, sino abogados, litigantes y jueces que han vivido entre expedientes, audiencias y salas de juicio, no entre mítines, encuestas o maquinaria electoral. Este escenario plantea preguntas profundas sobre el perfil que queremos en los órganos de justicia. Es decir, si queremos una figura técnica y ética o alguien que domine las artes del poder y el discurso público, del que realmente muchos de los candidatos carecen. Un ejemplo de esta dinámica se vio el fin de semana, cuando Julio César Lastra Flores, juez en materia familiar y hoy candidato, organizó una taquiza en una terraza con alberca en el suroeste de la ciudad. Entre amigos y conocidos, Lastra habló de su experiencia en la judicatura, desmarcarse de vínculos políticos incómodos, como el supuesto parentesco con la ex diputada petista Claudia Lastra, y posicionarse como una figura seria frente a la bola de candidatos que compiten por el mismo cargo. No fue un acto de masas ni de grandes promesas, sino un evento a ras de tierra, casi de pasillo donde el discurso de Lastra dejó entrever un fenómeno interesante, que es el desprecio soterrado de muchos candidatos-jueces hacia los abogados postulantes. Desde su óptica, los jueces de carrera tienen una autoridad moral y técnica sobre quienes apenas saben argumentar en las salas de audiencia. Es una postura comprensible, pero peligrosa si no se modula, puesto que la elección de jueces y magistrados no solo exige conocimientos técnicos, sino sensibilidad política, ética pública y capacidad de autocrítica, cualidades que difícilmente brotan solo del ejercicio jurisdiccional. Lo que tampoco puede pasar desapercibido es la denuncia velada de Lastra sobre la corrupción en el sistema judicial ya que, sin pelos en la lengua, advierte que cambiar las figuras podría cambiar también las prácticas viciadas. Es interesante el discurso que presume al cuestionar si basta con ser nuevo o  experto para garantizar limpieza en los procesos judiciales, o se necesita una transformación más profunda, que no depende solo de quienes se eligen, sino también de quienes los rodean, los vigilan y los regulan. Así, el primer mes de campañas nos deja claro que los candidatos juegan en un terreno ambiguo: son técnicos que deben aprender a ser políticos, son parte de un sistema que denuncian, y buscan legitimidad no con mítines ni discursos de plaza, sino en reuniones de amigos y promesas de ética. Falta ver si este modelo logra conectar con un electorado que, aunque escéptico, sigue esperando que algún día la justicia no dependa del compadrazgo, sino del mérito la integridad y hasta la sensibilidad.