Sustituye Héctor Puertas al doctor Covarrubias en Dirección de Salud Estatal

La reciente detención de César Jáuregui terminó por activar los instintos más oscuros de la política chihuahuense, donde la lealtad se diluye al primer indicio de sangre. Como verdadera ave de rapiña, Manque Granados olió la vulnerabilidad del grupo político e identificó la crisis como el momento perfecto para lanzarse en picada y sacar tajada del escándalo. Sin guardar la más mínima mesura ante la sacudida institucional, la diputada no dudó en capitalizar la desgracia ajena para adelantar su propia agenda, convirtiendo un episodio crítico para el estado en la plataforma perfecta para su posicionamiento personal. La muestra más burda de este vuelo bajo recorrió de inmediato las colonias de la capital con la entrega de panfletos que ensalzan su propia figura. Disfrazada de una supuesta "generación de mujeres que saben cumplir", la propia Granados orquestó y ejecutó el reparto de esta propaganda encubierta para medir fuerzas y ganar terreno rumbo al 2027. En lugar de actuar con la madurez que exige el momento, prefirió sobrevolar el caos y lucrar con el tropiezo ajeno, retratando esa cara de la política que no construye con méritos propios, sino agazapada a la espera de devorar los restos que deja cada caída. El Yunke anda con todo y García Portillo no duerme pensando que pueden obtener todos los espacios.

Vaya paquete el que le acaban de armar a la senadora Andrea Chávez desde las frías oficinas de la ASF. Resulta que a su hermano, Gregorio Chávez Treviño, le brotó un soberbio boquete de mil 106 millones de pesos cuando estuvo al frente de Liconsa Chihuahua en 2023. Los auditores federales descubrieron que la dependencia pagó esa millonada en contratos de leche sin tener un solo papel que demuestre que el producto llegó a los almacenes. Como quien dice, compraron puro aire empaquetado. Pero la cosa se pone más densa que el yogur. La auditoría no solo halló un misterioso faltante de 3.5 millones de litros de leche, sino que descubrió que Liconsa les seguía pagando a productores que ya estaban con San Pedro. Sí, revivieron muertos para cobrar cheques, mientras los intermediarios privados hacían su agosto. Pretender que un faltante de mil millones es un simple error de archivo es querer tapar el sol con un dedo. Habrá que esperar a que el hermanito de Andrea explique el desorden sin echarle la bolita a la Ciudad de México. La leche en Chihuahua resultó ser extremadamente cara, y la explicación que den no puede venir rebajada con agua.

Las explicaciones que no se ofrecen pueden terminar generando tantas preguntas como las decisiones que se toman. La sorpresiva salida del doctor Rogelio Covarrubias de la dirección del Distrito de Salud II en Ciudad Juárez, y la llegada de Héctor Puertas López a esa responsabilidad, abrieron una controversia que rebasa el relevo administrativo. Mientras versiones difundidas en columnas políticas y redes sociales relacionan la separación con presuntas denuncias por acoso, la representación de la gubernatura en esta frontera asegura desconocer los motivos del movimiento. La incertidumbre aumenta ante la posibilidad, planteada por el propio representante estatal, de que Covarrubias sea incorporado a otra posición dentro de la estructura sanitaria. La información dada a conocer esta mañana habla de una posible renuncia presentada durante el fin de semana, sin precisar sus causas. Hasta ahora, las versiones sobre acoso no constituyen hechos acreditados públicamente ni permiten establecer que hayan motivado su salida. Sin embargo, la ausencia de una explicación institucional suficientemente clara deja abiertas interrogantes legítimas sobre las circunstancias del relevo. La segunda lectura se encuentra en la responsabilidad política de quienes administran el poder estatal en Ciudad Juárez. No se trata de una oficina secundaria ni de un nombramiento irrelevante. El Distrito de Salud II dispone de una estructura de 908 trabajadores y atiende a una población de referencia superior a 1.7 millones de habitantes en Juárez, Guadalupe, Ahumada y Práxedis G. Guerrero. La conducción de una institución de semejante dimensión exige procedimientos claros, particularmente cuando un cambio de titular coincide con señalamientos públicos que afectan la reputación de un servidor público y podrían involucrar derechos de terceros. Que el representante de la gubernatura declare desconocer los motivos del relevo puede responder a una distribución de atribuciones entre dependencias; no obstante, también evidencia la necesidad de una comunicación institucional coordinada. La Secretaría de Salud tendría que precisar si se trató de una renuncia, una remoción o una decisión de reorganización administrativa. Y si existen denuncias formales, correspondería a las instancias competentes informar sobre su atención, respetando la confidencialidad, el debido proceso y los derechos de todas las personas involucradas. La tercera dimensión es particularmente sensible; la posibilidad de que Covarrubias permanezca dentro de la estructura gubernamental. Un cambio de adscripción no representa por sí mismo una irregularidad; puede obedecer a necesidades operativas, experiencia profesional o decisiones legítimas de administración. Pero si llegara a confirmarse que existen denuncias formales relacionadas con conductas de acoso, cualquier nueva designación tendría que examinarse bajo criterios de prevención, protección de posibles denunciantes y responsabilidad institucional. Tampoco sería jurídicamente aceptable convertir rumores en una sentencia anticipada contra el exdirector. Aquí aparece una tensión frecuente en la administración pública; proteger la presunción de inocencia sin desatender el deber de investigar señalamientos que pudieran comprometer la integridad del entorno laboral. Para el gobierno de Maru Campos, la cuestión de fondo no consiste únicamente en justificar un nombramiento, sino en demostrar que los mecanismos internos de investigación y vigilancia funcionan con independencia de las relaciones personales o políticas de los funcionarios. El episodio también adquiere una dimensión política rumbo a 2027, cuando cada decisión administrativa estará expuesta a interpretaciones sobre el ejercicio del poder en Chihuahua. La llegada de Héctor Puertas López representa una nueva etapa en la conducción sanitaria de la frontera, pero el relevo no necesariamente cerrará la discusión sobre su antecesor. Si las versiones difundidas resultan infundadas, una aclaración documentada contribuiría a proteger derechos y reputaciones; si existen procedimientos abiertos, su seguimiento institucional será determinante para conocer los hechos y establecer, en su caso, responsabilidades. Porque en la administración pública, tan importante como explicar quién llega es esclarecer por qué se va quien ocupaba el cargo.

En el limbo se encuentra la audiencia de César Jáuregui para el jueves en donde el fuero común resolvería si es vinculado o no a proceso penal. Pero, como bien dijo Héctor Villasana, su abogado, porque el otro es una pobre piltrafa, no se sabe qué sucederá  existe ahí una controversia jurídica. Tal vez permitan que la audiencia se lleve a cabo en por vía remota o, de plano, el fuero federal cerrará las puertas y le valdrá sombrilla el Tribunal Superior de Justicia. Los delitos que se le atribuyen a Jáuregui, de traición a la patria y cosas peores, han despertado una gran polémica a nivel nacional. La Cuatroté se colgó una medalla que no existía porque el tema se consideraba como derecho positivo pero no vigente -algo así como el traje que se cuelga en el ropero y no se vuelve a sacar para su uso- con el fin de alardear sobre el argumento. Para otros, es risible que en este tiempo se hable de traición a la patria cuando muchos de los que la han traicionado ocupen cargos en el gobierno. Pero, en fin, tal vez este día se conozca la postura oficial sobre este asunto y se resuelva si habrá audiencia o no, porque, si no la hay, se dejaría en estado de indefensión al Exfiscal.

Metamorfosis forzada 
padece Ovidio "el Ratón",
muy bueno pa' la cantada
ya se convirtió en gorrión.

AHORA TIENE EN UNA MANO
AL GOBIERNO MEXICANO.

Resulta que las detenciones de conductores ebrios han disminuido considerablemente porque los oficiales de la Policía Vial, quieren evitar la fatiga, como decía Jaimito El Cartero, el personaje de la serie de El Chavo del 8.

Dicen que los policías ya no quieren llevar a los conductores ebrios a la delegación para evitar la pérdida de tiempo, que, en ocasiones, se lleva hasta medio turno y pues así la casa pierde $.

Cuando ya de plano no hay de otra más que llevar al conductor borracho a la delegación, después de intentos e intentos de llegar a un arreglo $ en la calle, pues ni modo, lo llevan.

Comentan que hay broncas con los accesos en las claves para ingresar en las computadoras de vialidad, aunado a que algunos polis no se les da el uso de esos aparatejos, así que tienen que pagar algunos cientos de pesos al oficial de guardia para que les haga la chamba, que es elaborar el llamado IPH (Informe Policial Homologado) que awiwi tiene que subirse a la página de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y quede en el Registro Nacional de Detenciones, de no ser así les cae bronca, hasta de secuestro los pueden acusar.

Foto ilustrativa