Abren registro para pensiones de Bienestar en Juárez

En política, no siempre avanza quien primero levanta la mano; a veces, quien permanece inmóvil termina ocupando un lugar estratégico en el tablero. Mientras Morena comienza a experimentar las tensiones naturales de una sucesión adelantada, Mayra Chávez ha decidido enviar un mensaje cuidadosamente delimitado; no abandona la Delegación de Bienestar, no se incorpora por ahora a la disputa interna y tampoco anuncia una candidatura. Su declaración, “nadie somos indispensables”, encierra una lectura que trasciende la modestia institucional. En un partido donde las aspiraciones personales conviven con las decisiones de las dirigencias y las estructuras territoriales, mantenerse al margen de una convocatoria puede interpretarse como disciplina política, continuidad administrativa o una forma de conservar abiertas las posibilidades futuras. Ninguna de esas interpretaciones, sin embargo, equivale a una candidatura encubierta. Lo relevante es que Chávez ha optado por definir su presente sin comprometer públicamente su futuro.
La segunda lectura está en el peso territorial de Bienestar. En Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez, la delegación federal representa una estructura administrativa con presencia cotidiana en colonias, comunidades rurales y sectores históricamente vinculados a los programas sociales. Esa cercanía institucional produce visibilidad pública, conocimiento de las necesidades ciudadanas y capacidad de interlocución con distintos sectores. No obstante, existe una frontera que debe mantenerse clara: los recursos, padrones y mecanismos de atención social pertenecen al Estado y no pueden convertirse legítimamente en instrumentos de promoción electoral. Desde esa perspectiva, la permanencia de Mayra Chávez abre una discusión sobre la relación entre responsabilidad gubernamental, reconocimiento ciudadano y competencia política. Su posición le permite continuar al frente de una política pública relevante, pero también la coloca bajo el escrutinio que corresponde a cualquier funcionario cuyo nombre aparece en conversaciones sucesorias. La tercera lectura apunta directamente a la recomposición interna de Morena. Las designaciones de Cruz Pérez Cuéllar en la coordinación estatal y de Andrea Chávez en la municipal de Juárez han modificado las posiciones de los principales actores rumbo a 2027. Mayra Chávez respaldó públicamente ambas decisiones, aunque anteriormente había manifestado interés en participar en el procedimiento municipal. En ese contexto, su permanencia en Bienestar también puede analizarse como parte de un proceso de reacomodo político. Su cercanía con Ariadna Montiel, actual dirigente nacional de Morena, es un antecedente relevante, pero no permite concluir que exista un acuerdo para asignarle una responsabilidad futura. La interrogante es si la unidad expresada públicamente se traducirá en una integración efectiva de los distintos grupos o si las diferencias reaparecerán cuando se definan las candidaturas restantes. En ese escenario, Chávez conserva presencia institucional y vínculos partidistas, dos elementos que pueden tener relevancia política sin constituir, por sí mismos, una plataforma electoral.
El verdadero significado de su decisión se conocerá conforme avance la sucesión de 2027. Permanecer en Bienestar implica renunciar, al menos por ahora, a competir directamente por determinados espacios de representación, pero también significa evitar el desgaste de una disputa interna y asumir la continuidad de una responsabilidad federal. Su frase “nadie somos indispensables” adquiere entonces una dimensión más profunda: reconoce que el movimiento puede reorganizar sus liderazgos sin depender de una sola figura. La pregunta de fondo no es únicamente qué cargo podría ocupar Mayra Chávez después, sino qué papel tendrán los funcionarios federales en la nueva distribución del poder político de Chihuahua. Si Morena consigue procesar sus diferencias, la delegada podría continuar como interlocutora institucional dentro de una organización en transformación. Si las tensiones persisten, su posición será examinada desde las distintas corrientes del partido. Por ahora, Mayra Chávez no ha anunciado una nueva aspiración; ha elegido permanecer en su responsabilidad actual. Y en una sucesión donde abundan los movimientos, esa decisión también merece una lectura política.

La libertad de César Jáuregui duró menos que la espera de sus simpatizantes frente a la Ciudad Judicial. Mientras un juez estatal autorizaba que el exfiscal enfrentara su proceso fuera de prisión, agentes federales ejecutaban una segunda orden de aprehensión que impidió su salida. La escena resume una crisis que ha dejado de ser exclusivamente judicial; dos fiscalías, dos investigaciones y una misma operación antidrogas realizada en abril en El Pinal, Chihuahua. La Fiscalía General de la República sostiene que hubo participación irregular de agentes estadounidenses en tareas reservadas a las autoridades mexicanas. El caso, que comenzó con el desmantelamiento de un laboratorio clandestino y continuó con un accidente en el que murieron funcionarios mexicanos y estadounidenses, ha terminado por colocar bajo escrutinio la cadena de mando de la seguridad estatal. El rompecabezas tiene una dimensión jurídica que no puede resolverse únicamente con detenciones. La Fiscalía estatal atribuye a Jáuregui posibles delitos relacionados con el ejercicio ilegal del servicio público y coalición, mientras la FGR investiga una presunta traición a la patria vinculada con la intervención extranjera. La diferencia es sustancial; una investigación examina el ejercicio de facultades públicas y la otra plantea una posible afectación a la soberanía nacional. Sin embargo, permitir una colaboración irregular no acredita automáticamente el delito de traición; corresponde al Ministerio Público demostrar que los hechos encajan en los elementos previstos por la ley. La defensa tiene derecho a controvertir las pruebas y el exfiscal conserva su presunción de inocencia. El fondo del asunto revela una tensión estructural; México necesita cooperación internacional para enfrentar organizaciones criminales que operan más allá de sus fronteras, pero esa colaboración está sujeta a límites constitucionales y mecanismos de autorización. En el terreno político, el expediente alcanza inevitablemente al gobierno de Maru Campos y a la relación entre Chihuahua y la Federación. La gobernadora ha señalado que desconocía aspectos del operativo, mientras Jáuregui ha defendido sus decisiones, lo que abre interrogantes sobre los mecanismos de supervisión dentro de la administración estatal. Para el Gobierno federal, el caso plantea la necesidad de proteger las competencias nacionales en materia de seguridad; para las autoridades estatales, supone explicar cómo se desarrolló la cooperación con funcionarios extranjeros y quién autorizó su participación. A ello se suma la confrontación entre Morena y el PAN, que podría trasladar el expediente a la disputa política rumbo a 2027. El riesgo institucional aparece cuando las responsabilidades penales, que deben establecerse mediante pruebas, terminan mezcladas con los intereses de los partidos y las consecuencias electorales. El desenlace podría extenderse mucho más allá de los tribunales de Chihuahua. Si las investigaciones acreditan que funcionarios extranjeros participaron sin autorización en operaciones de seguridad, será necesario esclarecer quién permitió su intervención, qué autoridades tenían conocimiento y qué controles institucionales fallaron. Si las acusaciones no logran sostenerse judicialmente, también surgirán cuestionamientos sobre la actuación de las fiscalías y el uso de sus facultades. En paralelo, el caso podría provocar una revisión de los mecanismos de cooperación entre México y Estados Unidos y modificar los equilibrios políticos dentro del estado. Por ahora, la pregunta que queda abierta no es solamente cuál será el destino judicial de César Jáuregui, sino hasta dónde llegará la investigación en una estructura de decisiones que difícilmente puede explicarse con la actuación de un solo funcionario.

Metamorfosis forzada 
padece Ovidio "el Ratón",
muy bueno pa' la cantada
ya se convirtió en gorrión.

AHORA TIENE EN UNA MANO
AL GOBIERNO MEXICANO.

Resulta que las detenciones de conductores ebrios han disminuido considerablemente porque los oficiales de la Policía Vial, quieren evitar la fatiga, como decía Jaimito El Cartero, el personaje de la serie de El Chavo del 8.

Dicen que los policías ya no quieren llevar a los conductores ebrios a la delegación para evitar la pérdida de tiempo, que, en ocasiones, se lleva hasta medio turno y pues así la casa pierde $.

Cuando ya de plano no hay de otra más que llevar al conductor borracho a la delegación, después de intentos e intentos de llegar a un arreglo $ en la calle, pues ni modo, lo llevan.

Comentan que hay broncas con los accesos en las claves para ingresar en las computadoras de vialidad, aunado a que algunos polis no se les da el uso de esos aparatejos, así que tienen que pagar algunos cientos de pesos al oficial de guardia para que les haga la chamba, que es elaborar el llamado IPH (Informe Policial Homologado) que awiwi tiene que subirse a la página de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y quede en el Registro Nacional de Detenciones, de no ser así les cae bronca, hasta de secuestro los pueden acusar.

Foto ilustrativa