Jueves Negro: el juicio que revive una de las jornadas más violentas de Ciudad Juárez

Ciudad Juárez.- A casi cuatro años de los ataques del 11 de agosto de 2022, el juicio oral por terrorismo no solo busca determinar responsabilidades penales. También ha comenzado a reconstruir, pieza por pieza, una de las páginas más dolorosas en la historia reciente de Ciudad Juárez, donde la violencia del crimen organizado alcanzó a ciudadanos que no tenían relación alguna con el conflicto.

La sala de audiencias se ha convertido en un espacio donde convergen dos historias paralelas. 

Por un lado, la confrontación jurídica entre la Fiscalía General de la República (FGR) y las defensas de los acusados; por el otro, la reconstrucción de una tarde que transformó la vida de decenas de familias y dejó una profunda huella en la ciudad.

Durante el quinto día del juicio correspondiente a la causa penal 8/2023, los desacuerdos entre las partes marcaron buena parte de la audiencia. Objeciones constantes, reclamos por la conducción de los interrogatorios, señalamientos de presunto trato desigual y llamados al orden por parte del Tribunal evidenciaron la complejidad de un proceso donde cada pregunta y cada prueba son objeto de intenso debate.

La jueza Victoria Alejandra Espinoza Alaniz tuvo que intervenir en diversas ocasiones para conducir la audiencia y mantener el orden frente a los cuestionamientos de las defensas, que acusaron criterios distintos entre el Ministerio Público y los abogados particulares durante el desahogo de las pruebas.

La tensión alcanzó uno de sus momentos más notorios cuando la juzgadora respondió a una de las intervenciones de la defensa con una frase que marcaría la jornada.

"No me va a arrebatar la palabra".

A lo largo de la sesión también pidió respeto hacia las determinaciones del Tribunal, luego de que algunos defensores reaccionaran con expresiones de inconformidad e incluso risas durante la resolución de diversas objeciones.

Un juicio que reconstruye el terror

Más allá de los desencuentros procesales, la Fiscalía continuó fortaleciendo su teoría del caso mediante testimonios de agentes investigadores, ministerios públicos y peritos especializados.

Entre las pruebas incorporadas destacan los reconocimientos realizados por víctimas mediante Cámara de Gesell, dictámenes periciales sobre bombas molotov, análisis balísticos de decenas de casquillos calibre .223 asegurados en distintos puntos de la ciudad y estudios técnicos sobre incendios provocados contra unidades del transporte de personal.

Los especialistas concluyeron que al menos dos camiones fueron atacados con artefactos incendiarios, uno de ellos con daños parciales y otro prácticamente destruido por el fuego.

También fueron incorporadas investigaciones relacionadas con otros hechos violentos registrados aquella jornada, entre ellos ataques armados donde no fue posible identificar a los responsables.

Cada uno de estos elementos busca acreditar la hipótesis central de la FGR; que los ataques del 11 de agosto constituyeron actos de terrorismo dirigidos a sembrar miedo generalizado entre la población.

Cuando la violencia alcanzó a quienes solo iban a trabajar

Sin embargo, conforme avanzan las audiencias, el juicio también ha dejado de concentrarse únicamente en armas, explosivos y dictámenes técnicos para recuperar las historias humanas detrás de los expedientes.

Una de ellas es la de Janeth de Santiago Castro, una joven de apenas 18 años que llegó a Ciudad Juárez el 10 de agosto de 2022 con la esperanza de comenzar una nueva vida.

Había arribado desde otra ciudad buscando oportunidades laborales.

Al día siguiente acudió a lo que sería su primera entrevista de trabajo.

La esperaba María del Refugio Gómez Ramírez, empleada con 17 años de experiencia en la empresa Rapiditos Bip Bip y ocho años laborando en la sucursal ubicada en las calles Hiedra y Cártamo, en la colonia Juárez Nuevo.

Ninguna de las dos tenía relación con los hechos de violencia que sacudían la ciudad.

De acuerdo con la investigación presentada por la Fiscalía, mientras María entrevistaba a la joven, dos hombres ingresaron al establecimiento, ordenaron salir a quienes se encontraban dentro y uno de ellos lanzó una bomba molotov.

En cuestión de segundos, el negocio quedó envuelto en llamas.

Una llamada que nunca terminó

Durante el juicio fue incorporada la declaración del esposo de María.

Recordó que alrededor de las cuatro de la tarde recibió una llamada de su esposa.

Ella alcanzó a decirle que estaba realizando una entrevista de trabajo cuando comenzó a entrar humo al establecimiento.

La comunicación se interrumpió abruptamente.

Cuando llegó al lugar encontró el negocio consumido por el fuego.

Vecinos intentaban rescatar a las víctimas.

Primero lograron sacar a Janeth.

Intentaron reanimarla.

Ya había fallecido.

Después rescataron a María. Tampoco respondió a los esfuerzos de auxilio.

La Fiscalía sostiene que ninguna de las dos mujeres era objetivo del ataque.

Simplemente quedaron atrapadas en una ola de violencia indiscriminada.

Las imágenes que reconstruyen una tragedia

La perito criminalista Imelda de la Peña López explicó ante el Tribunal cómo procesó la escena aquella tarde.

Relató que llegó minutos después del reporte y documentó el lugar mediante 60 fotografías.

Las imágenes incorporadas como prueba muestran la fachada ennegrecida del establecimiento, el acceso completamente destruido, bomberos y militares resguardando la zona, además del interior reducido prácticamente a cenizas.

Durante la proyección, la propia jueza pidió limitar la exhibición de fotografías para evitar repetir imágenes donde aparecían las víctimas.

El objetivo, explicó, era privilegiar únicamente las necesarias para acreditar los hechos.

El contexto del "Jueves Negro"

Los acontecimientos del 11 de agosto de 2022 marcaron un punto de inflexión en la percepción de seguridad en Ciudad Juárez.

Tras una riña registrada al interior del Centro de Reinserción Social número 3, grupos criminales desataron una serie de ataques simultáneos contra establecimientos comerciales, vehículos y civiles en distintos sectores de la ciudad.

El saldo oficial fue de 11 personas asesinadas, entre ellas cuatro trabajadores de una estación de radio, dos mujeres que laboraban en un establecimiento comercial y varios ciudadanos que no tenían ninguna vinculación con organizaciones criminales.

Decenas de negocios fueron incendiados, unidades del transporte público y de personal resultaron atacadas y la ciudad vivió horas de incertidumbre que obligaron al cierre anticipado de comercios y a la suspensión de actividades en diversos sectores.

Aquella jornada evidenció la capacidad de los grupos delictivos para extender la violencia más allá de sus disputas internas y afectar directamente a la población civil.

Un proceso con impacto nacional

La decisión de la Fiscalía General de la República de judicializar estos hechos bajo el delito de terrorismo convirtió el caso en uno de los procesos penales más relevantes en materia de seguridad pública de los últimos años en México.

A diferencia de otros expedientes relacionados con delincuencia organizada, este juicio busca establecer que los ataques no solo provocaron homicidios y daños materiales, sino que tuvieron como propósito generar terror colectivo e intimidar a la sociedad.

Mientras continúan desahogándose pruebas periciales, testimonios e identificaciones de presuntos participantes, cada audiencia reconstruye no solo la mecánica de los ataques, sino también las historias de personas que quedaron atrapadas en una violencia que nunca buscaron.

En ese sentido, el juicio del "Jueves Negro" trasciende el ámbito jurídico; representa un ejercicio de memoria para una ciudad que aún intenta comprender cómo una tarde de agosto cambió para siempre la vida de decenas de familias y redefinió uno de los episodios más violentos de su historia reciente.