Hay que tener un descaro del tamaño de las dunas de Samalayuca, tal vez más grande, para pretender pasar como mártir cuando se arrastra un historial digno de una película de mafiosos. Iván Antonio Pérez Ruiz, el hoy suspendido presidente de la Canaco Juárez, se quedó sin su disfraz de El Padrino. La Fiscalía Anticorrupción le pisa los talones y está a nada de congelarle hasta el último centavo de sus cuentas bancarias personales y empresariales. ¿El motivo? Un descarado desfalco de más de 10.5 millones de pesos en contratos de cloro y escobas que se autoasignó a través de sus empresas fachadas, Le Grand y Malotti, cuando jugaba a ser funcionario municipal. El negocio redondo del polvo y la limpieza resultó ser una vil ordeña al erario. Pero la cloaca es más profunda. El asunto ya brincó al terreno de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero, confirmando lo que el periodista Raymundo Riva Palacio soltó a nivel nacional: que la inteligencia de Estados Unidos tiene la mira puesta en este personaje, señalándolo como un auténtico caballo de Troya utilizado para infiltrar las cámaras empresariales y blanquear capitales de procedencia muy oscura. Ante el cerco judicial, Iván aplicó el manual del cínico: reventó la institucionalidad de Concanaco Servytur con amenazas, insultos y traiciones estatutarias para luego llorar en redes sociales diciendo que lo perseguían por defender a Juárez. Semejante farsa se le cayó cuando la Confederación lo expulsó a patadas y exhibió sus mentiras. Ahora, acorralado y con el patrimonio en riesgo de incautación, busca cobijo en un sindicato de náufragos de la legalidad con otros suspendidos. A Iván Pérez no se le persigue por pensar distinto, sino por presunto ratero y traidor. El agua le está llegando al cuello, las cuentas se van a congelar y el color del uniforme carcelario ya se empieza a adivinar.
