La batalla por el nuevo Reglamento de Bienestar Animal en Ciudad Juárez dejó de ser una discusión exclusivamente jurídica para convertirse en un incómodo enfrentamiento entre el poder municipal y un sector del gremio veterinario. Diez profesionistas recurrieron al amparo para cuestionar disposiciones que restringen las mutilaciones estéticas y regulan la eutanasia. Cuatro ya recibieron determinaciones desfavorables a sus solicitudes, aunque todavía no existen sentencias definitivas. El dato tiene peso político, pero también abre una pregunta inevitable, ¿se está defendiendo el derecho al ejercicio profesional o la posibilidad de continuar realizando procedimientos que la autoridad considera innecesarios? No son asuntos equivalentes y convendría que los inconformes explicaran con mayor claridad dónde termina la defensa de sus atribuciones y dónde comienza el interés económico. La directora de DABA, Alma Edith Arredondo, puso otro ingrediente sobre la mesa, el reglamento se discutió durante más de un año y contó, según su versión, con la participación de representantes veterinarios. Si estuvieron presentes, resulta legítimo preguntar por qué las diferencias no quedaron resueltas antes de llegar a los tribunales. Pero tampoco el Ayuntamiento puede escudarse en fotografías de reuniones para presumir consensos que evidentemente no existen. Una cosa es convocar especialistas y otra escuchar sus observaciones. La autoridad no puede convertir la protección animal en un cheque en blanco para legislar sin límites, como tampoco un título profesional otorga inmunidad frente a las reglas de bienestar animal. Hay, sin embargo, una discusión más incómoda que los argumentos legales. ¿En qué momento cortar orejas o colas para satisfacer criterios de apariencia se convirtió en una práctica cuya defensa merece llegar hasta un juzgado federal? La medicina veterinaria tiene una responsabilidad sanitaria y ética que difícilmente puede confundirse con las preferencias estéticas de un propietario. Distinto es el caso de la eutanasia, donde deben prevalecer el diagnóstico, el sufrimiento del animal y el criterio médico. Meter ambos temas en una misma confrontación termina por enredar el debate y permite que las verdaderas preguntas queden sepultadas bajo expedientes judiciales. Y mientras abogados, veterinarios y funcionarios se disputan facultades, los animales siguen esperando una protección que vaya más allá del papel. El gobierno municipal tendrá que demostrar que su reglamento no es otra disposición diseñada para presumirse en conferencias, sino una herramienta capaz de enfrentar el abandono, la crueldad y la tenencia irresponsable. También deberá explicar con qué personal, presupuesto y capacidad de vigilancia pretende hacerlo cumplir. Porque sería una contradicción monumental perseguir las mutilaciones estéticas mientras se tolera que perros y gatos permanezcan abandonados, enfermos o maltratados en las calles. Al final, la disputa no debería resolverse en función del orgullo de los funcionarios ni de los intereses del gremio. La verdadera derrota sería que todos defendieran sus derechos, sus facultades y sus negocios, menos los de aquellos animales que supuestamente motivaron el reglamento.
