Chihuahua.- El presidente del comité municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Ciudad Juárez, Ulises Pacheco, denunció públicamente un presunto acto de corrupción y desvío de recursos por más de 60 millones de pesos, derivado de la contratación de un servicio de barredoras mecánicas que, según afirmó, nunca operó en las calles de la ciudad.
De acuerdo con el líder local del blanquiazul, el contrato en cuestión ascendió a un total de 105 millones 600 mil pesos destinados al arrendamiento de ocho barredoras para cubrir una superficie de 211 kilómetros. Sin embargo, Pacheco aseguró que durante el lapso de vigencia del acuerdo la ciudadanía no percibió las labores de limpieza, calificando la operación como una simulación total, por lo cual anunció que se interpondrá una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.
El dirigente partidista detalló una serie de irregularidades detectadas en el proceso de licitación pública, señalando que tras declararse desiertas el resto de las opciones, el contrato fue adjudicado a una compañía local denominada "Empresa Pypra". Tras una revisión de su acta constitutiva, se descubrió que el objeto social de dicha firma está enfocado en el sector de los metales y no cuenta con ninguna relación ni experiencia en la prestación de servicios de limpieza urbana o la renta de maquinaria pesada.
Asimismo, Pacheco cuestionó la exhibición de las unidades realizada por el alcalde ante los medios de comunicación en el año 2024, exponiendo que los vehículos mostrados para la fotografía oficial correspondían a modelos 2007 que posteriormente desaparecieron de la vía pública. En un desglose de costos basado en la información del contrato, apuntó que cada una de las ocho barredoras implicó un costo equivalente a 700 mil dólares para el erario juarense.
Finalmente, la dirigencia municipal del PAN contrastó estas cifras con un estudio de mercado actual, donde se comprobó que unidades similares de modelos más recientes, como 2017 y 2018, no superan los 46 mil dólares en el comercio formal. Ante esto, Pacheco concluyó que incluso en el supuesto escenario de que las barredoras hubieran realizado los recorridos acordados, el sobreprecio de la renta representa un desfalco directo superior a los 60 millones de pesos para la administración pública local, hallazgos que fueron obtenidos a través de solicitudes de transparencia.
