Chihuahua.- Los políticos Ramón Galindo y Gustavo Elizondo, acompañados por el abogado Mariano López Cortés, formalizaron una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción en contra del Ayuntamiento de Ciudad Juárez y su presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, por los delitos de peculado y uso indebido de facultades. La querella señala un probable daño patrimonial superior a los 105 millones de pesos derivado del arrendamiento de ocho máquinas barredoras de calles durante un periodo de 29 meses.
De acuerdo con la información sustentada en documentos oficiales del propio municipio, licitaciones y reportes de la Auditoría Superior del Estado, la administración municipal celebró un contrato plurianual por un monto exacto de 105 millones 600 mil pesos para el servicio de barrido. La cifra implica un desembolso aproximado de 13.2 millones de pesos por cada unidad arrendada; no obstante, una investigación realizada por los denunciantes reveló que el costo comercial de compra de dichas barredoras (algunas de ellas correspondientes a modelos 2007 y 2017), ronda entre los 47 mil y 55 mil dólares (alrededor de 850 mil pesos cada una). Bajo esta estimación, se argumenta que con lo pagado por el alquiler de un solo equipo se pudieron haber adquirido al menos 13 barredoras para el patrimonio del municipio, o bien haber contratado el servicio integral por menos de 8 millones de pesos.
Entre las irregularidades expuestas en la denuncia destaca que la licitación se realizó mediante un proceso con plazos reducidos en el que participó una sola compañía: Ibra Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustrial. La empresa adjudicada tenía como objeto social original la fabricación y distribución de productos mecánicos y eléctricos para la maquiladora, además de contar con una limitación legal que le impedía facturar más de 4 millones de pesos al año; a pesar de esto, llegó a facturar montos de 36 millones anuales. Asimismo, se detectó que la firma no contaba con registro de barredoras ni de vehículos a su nombre en la Recaudación de Rentas al momento de la asignación.
Los promoventes señalaron también la ausencia del estudio socioeconómico y de mercado legalmente obligatorio que justificara la conveniencia del contrato, así como la falta de aprobación debidamente fundada por parte del Cabildo para autorizar un gasto plurianual. Por otro lado, al cotejar el costo estipulado de 354 pesos por kilómetro barrido frente al importe total erogado, los equipos habrían tenido que recorrer diariamente una distancia equivalente a 411 kilómetros durante 29 meses ininterrumpidos (trayecto comparable con la distancia entre Ciudad Juárez y la capital del estado), meta de la cual no existe bitácora ni evidencia física que compruebe su realización.
Ante estos hallazgos, los denunciantes solicitaron a la Fiscalía dar vista al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para auditar la declaración de ingresos de la empresa proveedora, al tiempo que advirtieron sobre la existencia de elementos para promover nuevas acciones legales por otros posibles actos de corrupción en la gestión municipal.
