Rechaza defensa de Jáuregui acusaciones de traición a la patria
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- Por Editor
Chihuahua.- La defensa legal del exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, actualmente recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, aseguró de manera categórica que no existe ningún elemento de prueba que demuestre que el exfuncionario federal tuviera conocimiento o hubiese autorizado la intervención de agentes estadounidenses en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la localidad de El Pinal.
En entrevista radiofónica con la periodista Azucena Uresti, el abogado defensor Héctor Villasana desestimó la imputación por presunta traición a la patria que sostiene la Fiscalía General de la República (FGR).
"No hay un dato de prueba que establezca que el licenciado Jáuregui tenía conocimiento, mucho menos que ocultó información", puntualizó el litigante durante la emisión.
Villasana criticó los argumentos que pretenden fincar una responsabilidad penal directa en contra del exfiscal basados únicamente en su posición jerárquica. El defensor argumentó que es inviable responsabilizar a un titular por cada una de las decisiones o acciones operativas tomadas de forma individual por sus subordinados.
Para ilustrar lo que calificó como una inconsistencia legal, el abogado planteó un paralelismo con el Poder Ejecutivo local:
"Bajo esa misma lógica, también tendría que exigirse a la gobernadora Maru Campos conocer absolutamente todas las acciones de sus secretarios".
Por su parte, el abogado Luis Villegas, también integrante del equipo legal, fue más allá al calificar la captura del exfiscal como una "traición" política por parte de la propia mandataria estatal, argumentando que Jáuregui fue en su momento uno de los principales aliados y defensores de su administración.
La defensa manifestó su profunda preocupación por las condiciones procesales en las que se desarrolla el caso, debido a que Jáuregui enfrenta de manera simultánea procesos penales ante la justicia del estado de Chihuahua y el fuero federal.
Villasana advirtió que la superposición de estos juicios, sumada al traslado exprés de su representado al Altiplano, entorpece gravemente la estrategia legal y vulnera el derecho constitucional a una defensa adecuada al obligar al equipo jurídico a litigar plazos idénticos en jurisdicciones distintas. El equipo legal adelantó que promoverá los recursos correspondientes ante las autoridades judiciales para salvaguardar las garantías procesales del imputado.