Realiza Inpi asamblea de Dialogo y Consulta de Propuesta de la Lgdpia

Chihuahua.- El sábado 19 de septiembre, teniendo como marco el Auditorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en presencia de 12 autoridades indígenas de los pueblos Ralámuli, Otomí y N´dee, 18 funcionarios públicos federales y estatales, así como 4 observadores de la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos y la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, en la Ciudad de Chihuahua, se dio inicio al Diálogo y Consulta Previa, Libre e Informada sobre la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Para comenzar, en su intervención el representante de la Secretaría de Gobernación, Sahid Perales, destacó la importancia de escuchar y tomar nota del sentir y el clamor de las comunidades indígenas del país, será lo más trascendental para que en realidad se pueda garantizar el derecho de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, en torno a lo que la Constitución les reconoce. Dijo que cada institución viene con el interés de escuchar cada planteamiento, en presencia de las autoridades y representaciones de comunidades indígenas que se dieron cita, para suscribir una Ley que vele por la población indígena de México.

Por su parte, Lesly González Ramos de la Secretaría de las Mujeres, hizo hincapié en que lo que se busca es garantizar la voz de todas y todos, además de plasmar la garantía de los derechos particulares que asisten a los pueblos y comunidades indígenas.

Asimismo, Beatriz Casas Arellanes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció que el poder judicial ha estado desde el comienzo presente y pendiente de esta propuesta de Ley General, por lo que afirmó estar convencida de que escuchar y analizar de manera conjunta, contribuirá a la construcción de una mejor legislación, la cual desde lo materialmente posible, incluya propuestas emanadas desde los pueblos indígenas que dejan la Sierra Tarahumara, para habitar en la urbe capitalina del Estado de Chihuahua.

Fue La Gobernadora Indígena Ralámuli en Chihuahua, Aurelia Rentería, la encargada de instalar de manera formal la asamblea  en punto de las 10:00 de la mañana del día 19 de septiembre del año 2026.

Aldo Medina, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, junto al titular de la oficina de presentación en Chihuahua, Nicolás Víctor Martínez Juárez, realizaron a introducción a los presentes, de la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, en la explicación sucinta de cada uno de los más de 400 artículos, contenidos en 8 libros o capítulos y uno más de artículos transitorios.

Dentro de las primeras participaciones de las representaciones indígenas, la líder de asociación civil Lupita Pérez Holguín, destacó y cuestiónó que en referencia al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, FAISPIAM, en Sierra Tarahumara hay denuncias desde las comunidades, en contra de que se los funcionarios públicos federales les impongan empresas o movimientos indebidos y no autorizados por las mismas.

Por su parte el representante Otomí Bonifacio Ignacio de León, reflexionó cerca de la injerencia de los partidos políticos, en torno a la participación de los pueblos indígenas en esta materia; lo cual considera ha sido hasta ahora falso y existen casos registrados en el Estado de Chihuahua, donde la simulación es evidente; por lo que espera que ello quede prohibido realmente, con la puesta en marcha de esta Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Luego de varias intervenciones, aportaciones y puntos de vista de observación a la propuesta de Iniciativa de Ley General, se expusieron los siguientes acuerdos dentro de la sesión plenaria:

1.- Que se garanticen regidurías étnicas en todos aquellos municipios o demarcaciones en los que existan comunidades indígenas, sin importan la información estadística disponible o del porcentaje de población que representen, así como mecanismos que aseguren su representación en los distintos poderes y ámbitos de gobierno.

2.- Que se garantice el reconocimiento y respeto de las distintas variantes lingüísticas, así como de la terminología utilizada por cada pueblo y comunidad indígena para referirse a sus instituciones, símbolos, formas de gobierno y demás elementos propios, respetando su derecho a determinar la denominación con la que se identifican así mismos, a sus instituciones, a sus autoridades y a sus símbolos.

3.- Que se garantice una asistencia efectiva de intérpretes y traductores, no únicamente en el ámbito del poder judicial, sino en todas las dependencias e instituciones públicas, desde el inicio de cualquier procedimiento en el que intervengan personas indígenas, considerando no sólo el conocimiento de la lengua, sino también de sus respectivas variantes lingüísticas y contextos culturales.

4.- Que se establezcan salvaguardas en los artículos 330 y 333, a fin de evitar que la determinación de la procedencia de los procesos de consulta quede sujeta exclusivamente a una facultad discrecional del Estado, y que se reconozca la participación de los Pueblos y Comunidades Indígenas en la determinación de la procedencia de la consulta, particularmente en función de las afectaciones.

En última instancia, se acordó entre los presentes el nombrar a una mujer y a un hombre indígena, para dar seguimiento a los acuerdos y a la presentación de la iniciativa de Ley General, en los términos discutidos en la asamblea; por lo que dicho acuerdo tomó como válido a mano alzada de cada asistente a la asamblea de Dialogo y Consulta, que la representación recayera en Juan Luis Longoria, representante de la Nación Ndé y por la comunidad Otomí en la Ciudad de Chihuahua, Elvia Pérez Félix.

Estuvieron presentes, por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, bajo la Dirección General del Lic. Adelfo Regino Montes, el Lic. Aldo Medina Valenzuela, de la Dirección de Derechos Indígenas y el Antrop. Nicolás Víctor Martínez Juárez, titular de la Oficina Representación en Chihuahua; el Lic. Sahid Perales, de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México; la Mtra. Beatriz Casas Arellanes, Directora General de las Casas de los Saberes Jurídicos en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Aurelia Rentería Ortega, Gobernadora indígena de la comunidad del Cerro de la Cruz; Raúl Fierro González, Gobernador Ralámuli de la Comunidad Napawika Ralámuli; la Mtra. Leslie Monserrat Arenales Ramos, Coordinadora de Cambio Cultural y Desarrollo de Capacidades de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México; la Mtra. Karina Luján Luján, Directora General del Instituto Nacional de Derechos de Autor; la Dra. Karen Valeria Longoria Pérez, del Servicio Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud Federal y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia del Gobierno de México, el director de Certificación y Supervisión de Centros de Asistencia Social, Dr. Tristán Urdanivia.

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